El gobierno español ya puede presumir de tener su propia cruzada contra la piratería en Internet.

El todavía pendiente de aprobación Anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual cambia las actuales leyes de enjuiciamiento civil de forma que sea posible identificar a "los prestadores de servicios de la sociedad de la información que vulneren derechos de propiedad intelectual con fines comerciales".

¿La ley Sinde os parecía mal?
Pues con este anteproyecto de el gobierno de Rajoy, el juez podrá obligar a las operadoras (Movistar, Orange,...) a identificar a sus clientes que sean proveedores de contenidos y vulneren la propiedad intelectual, seguido del consiguiente corte del servicio y anulación de todos sus acuerdos con las webs sancionadas.

Aunque no es todo culpa del actual gobierno. Si bien la denominada "Ley Sinde" no eximía de culpa a los buscadores de contenidos (Yahoo, Google, Bing,...), la nueva Ley de la Propiedad Intelectual y su esmerada redacción deja prácticamente a salvo a los buscadores (excepto que seas un buscador de torrents obviamente):
“Se entenderán incluidos en el ámbito de aplicación de este artículo los prestadores de servicios de la sociedad de la información que vulneren directamente derechos de propiedad intelectual y aquellos prestadores que participen en dicha vulneración y tengan como principal actividad la de facilitar la localización de contenidos ofrecidos ilícitamente, entre otros, mediante listados ordenados y clasificados de enlaces a tales contenidos, desarrollando a tal efecto una labor activa y no neutral de mantenimiento y actualización de las correspondientes herramientas de localización, u otra que alcance un efecto equivalente en relación con la facilitación del acceso a dichos contenidos”
Ni que decir que la aprobación de tal anteproyecto de reforma por parte del gigante Google y de los grandes lobbys norteamericanos han facilitado enormemente el avance de la nueva ley, algo totalmente impensable en la anterior legislatura de Zapatero y su sonada "Ley Sinde"

Esta nueva ley (o reforma, llamarlo como queráis), en caso de aprobarse convertirá a los operadores en la nueva policía de Internet. Con un negocio basado en telefonía, ADSL y proveedor de servicios, los operadores, y por motivos obvios, siempre se han negado a convertirse en los "Vigilantes de la Red"; sin embargo ahora, y por orden judicial, pueden verse obligados a ceder los datos referentes al dueño de un portal web (básicamente una IP) de forma que la justicia pueda identificar al usuario y actuar contra él.

¿Y cual es el objetivo?
Agilizar todos los tramites y cerrar las paginas que el gobierno hace tiempo esta persiguiendo. En pocas palabras, continuar enriqueciendo a unos pocos y coartando la libertad y el derecho a la privacidad de la mayoría.

¿Y vosotros, que opináis...?

Fuente: TU2IS

Larga y Prospera Vida

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